martes, 2 de octubre de 2007

NUESTROS RECURSOS


Riaño 2 de octubre 2007
CONSECUENCIAS DE KIOTO

MÁS DINERO PARA NUESTRAS INSTITUCIONES
FISCALIDAD DEL MONTE

La puesta en marcha de las directrices aprobadas en El Protocolo de Kyoto en la lucha contra el calentamiento global ha traído consigo el reconocimiento como valor de mercado de nuestras masas forestales.

En efecto, la puesta en marcha por parte de le UE del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (SECE), con la creación de un mercado de permisos negociables de contaminación, compensaciones fiscales también negociables o estimulando los beneficios por reducción o contraprestación en las emisiones de carbono, han marcado un valor monetario al secuestro de carbono.

La cosa en nuestro país funciona de la siguiente manera, las empresas afectadas reciben del Plan Nacional de Asignaciones de Emisiones, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, un cupo llamado derecho de emisión (DE), con los cuales puede comercializar, comprar, si sobrepasa el cupo asignado o vender si se pone en plan medidas en el ahorro de sus emisiones, cada DE tiene un valor de mercado próximo a los 26 euros y representa la emisión de una tonelada de CO2, mientras que cada DE que sobrepase la cuota se paga a 40 euros.

En España la superficie arbórea ocupa 15,2 millones de hectáreas, estimaciones del 2006 fijan en 3.000 millones de toneladas de CO2 las almacenadas en las masas forestales, sin incluir el almacenado en matorrales y praderías ni en el suelo del bosque, 1,5 veces la acumulada en la biomasa arbórea. Actualmente el bosque español fija 75 millones de toneladas de CO2, número equivalente al 19% de las emisiones anuales en todo el territorio nacional.

De ahí la importancia que han tomado nuestros bosques como herramienta para secuestrar carbono atmosférico, transformándolos en espacios industriales, desarrollando una actividad económica que en la legislación española no está ni justa ni suficientemente fiscalizada.

Si quien contamina paga y quien legisla, comerciando con ello, cobra, los que descontaminan, nuestros Ayuntamientos y Juntas Vecinales, recogen beneficios como propietarios, independientemente de la gestión y tutela de este nuevo suelo industrial.

Miguel A. Valladares Álvarez.